El Comité de Ministros del Consejo de Europa, que se reunió del 15 al 17 de septiembre debido a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que dictaminó que se había violado el “derecho a la esperanza” de Abdullah Öcalan, encarcelado en la isla-prisión turca de Imrali, y que no se había aplicado durante 12 años, volvió a conceder un plazo a Turquía, solicitando que se realizaran las modificaciones legales necesarias antes de junio de 2026. El Comité de Ministros pidió que se tomaran medidas inmediatas para garantizar la aplicación del derecho a la esperanza, que afecta a 4.000 presos y presas en Turquía, y señaló a la Comisión Nacional de Solidaridad, Hermandad y Democracia creada en el Parlamento turco.

Este aplazamiento ha suscitado reacciones de todos los sectores, y la lentitud de la comisión puesta de relieve en el proceso no ha pasado desapercibida. En este contexto, Keskin Bayındır, co-presidente del Partido de las Regiones Democráticas (DBP), respondió a nuestras preguntas, evaluando tanto la decisión del Comité como la fase actual del proceso.

Keskin Bayındır afirmó que “la postura del Comité oscurece el proceso y elude responsabilidades”. Bayındır también destacó el impacto positivo del derecho a la esperanza en el proceso y añadió: “No debe olvidarse que el Sr. Öcalan no es solo una de las partes en este proceso, sino el artífice de la solución, el iniciador del diálogo y el garante de la paz”.

¿Cómo evalúa que el Comité de Ministros haya concedido a Turquía plazo hasta junio en un asunto legal tan fundamental que afecta directamente a Abdullah Öcalan y a unos 4.000 presos y presas? Además, observamos que el Comité no ha tomado ninguna medida ni sanción efectiva sobre este asunto durante casi 12 años.

La decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa de conceder a Turquía un plazo hasta junio en este asunto legal fundamental, que afecta directamente a Abdullah Öcalan y a miles de presos y presas políticos, plantea graves interrogantes tanto legales como sociales. Este asunto no es una mera práctica penitenciaria ni una violación de derechos individuales; está directamente relacionado con la democratización en Turquía, la resolución de la cuestión kurda y el futuro de la paz social. El Sr. Öcalan no solo es una figura política para el pueblo kurdo, sino también uno de los principales actores de la solución y los procesos de paz, desempeñando un papel histórico. A pesar de su cautiverio desde 1999 y del severo aislamiento impuesto, ha adoptado un enfoque orientado al diálogo y a la búsqueda de soluciones para el futuro común de los pueblos de Turquía. Sin embargo, el régimen especial impuesto en Imralı debe entenderse no solo como una violación de derechos individuales, sino también como la supresión sistemática de la voluntad popular. Desde la perspectiva del derecho nacional e internacional, las prácticas en Imralı violan claramente las garantías constitucionales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y las normas universales de derechos humanos. A pesar de las sentencias del TEDH, el estado de incomunicación absoluta se ha mantenido durante años, lo que constituye una violación de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, tal como se define en el artículo 3 del Tribunal. El hecho de que el Comité haya incumplido durante casi 12 años la obligación de aplicar sanciones efectivas ante estas flagrantes violaciones es una prueba fehaciente de cómo las instituciones internacionales relegan los principios de derechos humanos a un segundo plano cuando se enfrentan a intereses políticos.

Esto ha provocado una grave erosión de la confianza, no solo entre el pueblo kurdo, sino también ante la opinión pública europea. Porque lo que se aísla aquí no es solo una persona, sino también un terreno fértil para la solución, una esperanza de futuro democrático y una perspectiva de paz. La política de aislamiento en Imralı es la base del modelo de gobierno autoritario y la política de estancamiento en Turquía. Este régimen especial busca restringir la influencia social del Sr. Öcalan y criminalizar las demandas democráticas del pueblo kurdo, reduciendo el espacio para la lucha política. Por lo tanto, esto no se limita a las prisiones, sino que forma parte de un mecanismo más amplio de represión que se extiende a los medios de comunicación, la libertad de expresión, el derecho a la organización, la educación en la lengua materna y las administraciones locales. En este contexto, la libertad del Sr. Öcalan y su comunicación directa con el público son vitales para el futuro democrático de Turquía. Los derechos humanos y el Estado de derecho no pueden sacrificarse por cálculos políticos. Cualquier enfoque que normalice el aislamiento se convierte en parte del autoritarismo y el estancamiento. En este punto, la responsabilidad no recae solo en las instituciones internacionales, sino también en los pueblos y la opinión pública democrática. Frente a las actitudes de doble moral y basadas en intereses de los Estados, solo una sociedad organizada puede lograr un cambio real. Hoy, la lucha contra el aislamiento es al mismo tiempo una lucha por la democracia, la justicia y un futuro libre.

¿Qué significa que el Comité de Ministros remitiera el proceso a la comisión establecida en el parlamento turco y cómo lo evalúa?

La decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa de remitir el proceso a una comisión establecida en el Parlamento turco implica que se está ocultando la responsabilidad legal mediante una maniobra política. Sin embargo, la situación es clarísima: Turquía ha violado sistemáticamente las sentencias del TEDH durante años. La más flagrante de estas violaciones es el régimen de aislamiento agravado impuesto al Sr. Öcalan. Esto no solo supone la negación de los derechos de una persona, sino también la usurpación de la voluntad de millones, de la esperanza de una solución democrática y del derecho al diálogo. Al señalar a una comisión parlamentaria ante esta flagrante ilegalidad, el Comité de Ministros ha adoptado un enfoque que oscurece el proceso y elude la responsabilidad. Cabe destacar que las sentencias del TEDH no son meras recomendaciones; son vinculantes y deben implementarse. Como miembro del Consejo de Europa, Turquía está obligada a cumplir con estas responsabilidades. Sin embargo, el Comité no ha demostrado una determinación seria durante más de 12 años ni ha activado mecanismos de sanción. Con ello, ha cedido terreno a las prácticas ilegales de Turquía y ha socavado la universalidad del derecho internacional de los derechos humanos. Hoy, la ilegalidad ignorada en el caso del Sr. Öcalan puede mañana legitimarse contra otras comunidades. Esto supone la erosión no solo de los derechos de una persona, sino de todo el sistema de derechos humanos.

Como se reveló durante el proceso de solución entre 2013 y 2015, la determinación del Sr. Öcalan a favor de la paz, el diálogo y la solución democrática proporcionó un importante respiro a los pueblos de Turquía y Kurdistán. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, esta determinación fue reprimida, se profundizó el aislamiento y se reintrodujeron las políticas de conflicto social.

Si la comisión creada hoy en el Parlamento turco pretende aportar una solución real a esta ilegalidad estructural, tal esfuerzo sería al mismo tiempo una forma de autocrítica. Al fin y al cabo, el mismo Parlamento ha permanecido en silencio durante años mientras se negaba al Sr. Öcalan el derecho a reunirse con su familia y sus abogados. Sin cambiar la mentalidad que ha convertido el aislamiento en un régimen jurídico especial, ninguna comisión o iniciativa legislativa puede tener legitimidad.

En esencia, la cuestión es la libertad física del líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, y su participación activa en los procesos de solución democrática. El aislamiento en Imralı no es una medida individual, sino una herramienta de opresión que bloquea la paz social, la convivencia y la política pluralista. Es el ejemplo más concreto de la ilegalidad y el autoritarismo que imperan en Turquía. Como DBP, abogamos por el fin de estas prácticas ilegales y por la apertura de vías de diálogo.

Esta demanda no solo es vital para el pueblo kurdo, sino también para el futuro de todos los pueblos de Turquía. Nuestro llamamiento a las instituciones internacionales es claro: pongan fin a los dobles raseros, las tácticas dilatorias y los cálculos políticos. La ley no puede manipularse y tergiversarse según las circunstancias.

El proceso que se ha iniciado cuenta con el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Esto también se plantea con frecuencia en las instituciones y foros internacionales. ¿Qué medidas o sanciones debería adoptar el Comité en relación con el derecho a la esperanza, especialmente al hacer un llamamiento a la urgencia?

Hoy en día, la creciente demanda del “derecho a la esperanza” en Turquía e internacionalmente no es solo una cuestión legal, sino también una responsabilidad ética, política y humanitaria. Si bien es positivo que el Comité de Ministros del Consejo de Europa haya hecho un llamado urgente en este asunto, tales llamados ahora deben ser respaldados por medidas concretas. Las palabras por sí solas profundizan las violaciones legales, debilitan la esperanza social y agotan gradualmente las posibilidades de una solución. Es innegable que el Sr. Öcalan ha estado recluido en aislamiento agravado durante casi un cuarto de siglo, en un estado de absoluta incomunicación. Esta situación constituye una grave violación no solo en términos de la legislación nacional de Turquía, sino también en virtud del CEDH y las convenciones de las Naciones Unidas que prohíben la tortura. A pesar de la sentencia del TEDH en 2014 que define el “derecho a la esperanza”, Turquía no ha tomado las medidas legales necesarias ni ha puesto fin a esta severa práctica. La postura contradictoria e ineficaz de los órganos del Consejo de Europa ha jugado un papel importante en permitir que esta violación continúe durante años. El Comité no puede contentarse solo con la supervisión; está obligado a implementar una supervisión efectiva y sanciones vinculantes. Remitir el proceso simplemente a una comisión parlamentaria no significa más que posponer la responsabilidad legal con un pretexto político. La línea de acción es clara: mientras no se implementen las sentencias del TEDH ni se levante el aislamiento en Imralı, deben activarse los mecanismos de sanción del Consejo, en particular en el marco del Protocolo de Estambul, incluyendo la supervisión y la suspensión de los derechos de membresía. Estas medidas protegerían no solo el Estado de derecho, sino también la credibilidad institucional del Consejo de Europa.

En esta etapa, el Sr. Öcalan se ha convertido en un defensor de la perspectiva de solución, paz y transformación democrática, no solo para el pueblo kurdo, sino para la sociedad turca en su conjunto. El régimen cerrado impuesto en Imralı no es, por lo tanto, una mera medida de ejecución penal, sino parte de un autoritarismo estructural que suprime los espacios democráticos en Turquía. Por esta razón, el “derecho a la esperanza” no es solo un derecho del Sr. Öcalan, sino de toda la sociedad turca. En un país donde la esperanza se aplasta sistemáticamente, no se puede construir ni la paz ni la democracia. Hasta ahora, las instituciones internacionales se han conformado con ser observadores, y con sus enfoques de doble rasero han allanado el camino para la continuación del aislamiento. Estas instituciones deben ahora convertirse en actores intervinientes y responsables. De lo contrario, la retórica de los “derechos humanos” pierde credibilidad y se convierte en una herramienta política vacía. El creciente apoyo de diferentes segmentos de la sociedad demuestra que ha surgido una sólida base para la solución. Los organismos internacionales deben escuchar esta voluntad y tomar las medidas correspondientes. El Comité de Ministros del Consejo de Europa debe iniciar ahora un proceso de intervención vinculante y eficaz y activar todos los mecanismos, incluidas las sanciones políticas contra Turquía.

Las políticas dilatorias oscurecen el futuro de Turquía.

Considerando el proceso en Turquía, el negociador principal, el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, debería poder vivir y trabajar en libertad. Aunque esto es expresado por todos los círculos, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) sigue haciendo oídos sordos. El Estado turco, y en particular el gobierno del AKP, adopta una postura dilatoria que evita medidas prácticas. ¿Qué opina de esto? ¿Cómo perjudica al Estado la lentitud de este proceso, que el AKP aborda para sus propios intereses?

La condición fundamental para que el proceso de resolución evolucione hacia una paz social duradera y justa es que el Sr. Abdullah Öcalan, como negociador principal, viva en condiciones de libertad, salud y seguridad, y pueda participar en la actividad política. Su perspectiva sobre la resolución ofrece una experiencia única para la reconciliación social, la coexistencia y las soluciones no violentas. Esta realidad se expresa ahora no solo en la sociedad kurda, sino también en numerosos círculos políticos y civiles de Turquía. Sin embargo, el poder político ignora esta demanda común y, mediante la manipulación, prolonga el proceso, lo dilata en el tiempo y debilita las esperanzas de resolución sin tomar medidas estructurales. Esta actitud socava no solo las esperanzas de paz del pueblo kurdo, sino también las de la sociedad turca en su conjunto, erosionando la confianza en el futuro y desestabilizando la estabilidad social. El estancamiento mantenido mediante políticas de aislamiento e incomunicación absoluta es incompatible con el derecho nacional e internacional y viola abiertamente las sentencias del TEDH. El gobierno del AKP ha aprovechado la postura inconsistente y sin sanciones de las instituciones internacionales, intentando moldear el proceso según sus propios cálculos políticos. El proceso de resolución anterior es un ejemplo concreto: a pesar de la firme voluntad del Sr. Öcalan de lograr una solución pacífica, el gobierno lo instrumentalizó con fines electorales, y posteriormente la vía hacia la resolución quedó completamente cerrada.

Este estilo político oportunista y miope no solo genera un estancamiento en la cuestión kurda, sino que también perjudica gravemente la democratización, el funcionamiento del sistema legal y la legitimidad internacional. Este enfoque profundiza la polarización política y afianza las crisis económicas, las amenazas a la seguridad y la desconfianza social. Cabe recordar que el Sr. Öcalan no es solo una parte de este proceso, sino el artífice de la solución, el promotor del diálogo y el garante de la paz. A pesar de haber permanecido en estricto aislamiento durante más de veinticinco años, ha abogado constantemente por la no violencia, la política democrática y la reconciliación social. Cuando se silencia su voz, se silencia el futuro común de los pueblos, la voluntad de una solución política y la esperanza de paz. Por lo tanto, el régimen de Imralı vigente hoy en día no es simplemente una medida de ejecución penal, sino una herramienta política directa de represión. El aislamiento que se le impuso refleja la respuesta sistemática del Estado a las demandas democráticas de amplios sectores de la sociedad. Por lo tanto, el aislamiento debe abordarse no como una violación individual, sino como un problema estructural que profundiza la crisis política de Turquía. El hecho de que el AKP trate este proceso como una táctica dilatoria para consolidar su propio poder puede ayudarle a sobrevivir, pero oscurece el futuro de Turquía. La paz solo es posible con justicia. La resolución solo puede construirse mediante el reconocimiento mutuo y el diálogo. Y la libertad solo puede ser permanente sobre la base de la igualdad. Tanto Turquía como Oriente Próximo necesitan estos principios más que nunca. Cualquier proceso que se lleve a cabo sin reconocer el papel del Sr. Öcalan estará incompleto, y toda búsqueda de una solución quedará a medias.

La lucha contra el aislamiento es una lucha para que Turquía se reconcilie con la ley y la justicia.

Por fin, la ilegalidad de esta cuestión ha suscitado reacciones en todos los ámbitos. Hay muchos presos y presas enfermos en las cárceles que no pueden seguir con vida. El derecho a la esperanza no solo afecta a Imralı, sino también a miles de personas más. En este contexto, ¿qué responsabilidades recaen sobre el pueblo kurdo, las fuerzas democráticas y los movimientos sociales?

Las violaciones de los derechos humanos en las prisiones turcas han dejado de ser incidentes aislados y se han convertido en una práctica estatal generalizada y sistemática. El ejemplo más llamativo de ello es la política de aislamiento absoluto en Imralı. La situación en las prisiones, especialmente en Imralı, demuestra que Turquía ha suspendido de facto tanto su propia Constitución como las convenciones internacionales de derechos humanos de las que es parte.

A pesar de la afirmación del “derecho a la esperanza” en las sentencias del TEDH de 2014, el régimen de aislamiento continúa. Esto no se limita solo a Imralı, sino que afecta directamente las condiciones de vida de miles de presos y presas políticos. El trato negligente y deliberado a cientos de presos y presas enfermos que no pueden sobrevivir por sí mismos ha creado un régimen de ejecuciones silenciosas dentro de las cárceles. Desafortunadamente, el poder político ignora esta realidad, mientras que el Instituto de Medicina Forense y otras instituciones relevantes aprueban prácticas que ignoran el derecho a la vida. Esto señala no solo una crisis jurídica, sino también moral. Por esta razón, insistimos en que el derecho a la esperanza no es un mero mecanismo técnico de ejecución penal, sino la base indispensable de una vida digna, humana y legal. Su usurpación erosiona la fe en la justicia no solo de los presos y las presas, sino también de sus familias, la sociedad y las generaciones futuras.

Como ustedes, los periodistas, han hecho reflexionar al público, las políticas de aislamiento centradas en Imralı también han proporcionado un marco para legitimar la negligencia hacia los presos y presas enfermos. Instituciones como el Consejo de Europa, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) y el TEDH se han abstenido durante años de tomar medidas concretas y disuasorias contra estas graves violaciones de derechos humanos, limitándose a informes y advertencias. Esta postura no solo ha envalentonado las prácticas ilegales del gobierno turco, sino que también ha socavado gravemente la credibilidad del régimen internacional de derechos humanos. En estas condiciones, lo decisivo es la voluntad común de las fuerzas sociales, los pueblos y la oposición democrática. El pueblo kurdo, los movimientos de mujeres, las organizaciones juveniles, los defensores de los derechos humanos, las fuerzas del trabajo y la democracia desempeñan un papel histórico en este proceso. La lucha contra el aislamiento, la detención arbitraria y el abandono de los presos y presas enfermos es también la lucha por la reunificación de Turquía con el derecho, la justicia y la paz.

Esta lucha debe verse no solo dentro de un marco legal, sino también como una responsabilidad ética y política. La opresión en las cárceles refleja la opresión dirigida a las demandas democráticas de la sociedad exterior. Cada reacción, cada campaña llevada a cabo, contribuye a crear un terreno democrático que brinda un respiro no solo a los presos y las presas, sino a toda la sociedad. El enfoque pacífico y orientado a las soluciones del Sr. Öcalan, que ha defendido durante décadas, sigue siendo hoy el modelo más realista de resolución para Turquía y Oriente Próximo. Cuando su voz se silencia, se cierran los canales de diálogo, negociación y coexistencia. Cuando sus ideas se aíslan, prevalecen las políticas de guerra. Por lo tanto, defender la libertad del Sr. Öcalan y garantizar las condiciones en las que pueda desempeñar su papel social significa defender no solo los derechos de un individuo, sino también nuestro futuro común. Nuestro llamamiento es claro: ni el aislamiento en Imralı, ni las políticas de muerte silenciosa aplicadas a los presos y presas enfermos, ni la usurpación del derecho a la esperanza pueden ser aceptados. Guardar silencio ante estas prácticas ilegales significa ser cómplice de la delincuencia. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas y a todos los que buscan la paz a unirse en una lucha más organizada, decidida y colectiva. Porque esta lucha no es solo por los presos y presas, sino por todos y todas los que anhelan un futuro libre y justo.

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