Si hay algo que caracteriza al pueblo saharaui es su constancia en la demanda de sus derechos legítimos, arrebatados desde la década de 1970 por el reino de Marruecos. Esta constancia se sintetiza en la resistencia ante el desplazamiento forzado, la persecución y la cárcel, los ataques militares y un sinfín de mecanismos que el régimen de Rabat utiliza para continuar con la ocupación ilegal de la mayor parte del territorio del Sahara Occidental. Desde hace cinco décadas, los hombres y las mujeres saharauis apelan a todos los métodos para alcanzar su objetivo final: que la tierra que les pertenece les sea devuelta. Para eso, no solo llevan adelante la lucha armada contra la ocupación marroquí, sino que también, a través del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), despliegan un trabajo diplomático incansable, sistemático y sincero, que les permitió el reconocimiento internacional y el respaldo legal y legítimo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana (UA) y de más de ochenta países que reconocen al Polisario y a la RASD como representantes legítimos de los saharauis.

Ocupado hasta 1975 por España, en el extremo occidental del norte de África, el territorio saharaui fue invadido por Marruecos a través de lo que se conoce como la “Marcha Verde”, una ocupación militar y con colonos que tuvo el beneplácito de Madrid y el respaldo de Mauritania. Para los y las saharauis, este hecho es conocido como la “Marcha Negra”, debido a que la ocupación marroquí utilizó los más despiadados métodos para lograr su acometido: desde el desplazamiento forzado de la población originaria hasta el bombardeo indiscriminado con napalm.

Ante esta situación, el pueblo saharaui quedó divido entre la diáspora en Europa, quienes pudieron huir hasta el sur de Argelia (donde se encuentran todavía los campamentos de refugiados que albergan a alrededor de 200 mil personas) y hombres y mujeres que quedaron bajo un régimen de ocupación y represión. El Frente Polisario, conformado antes de la ocupación marroquí, fue el encargado de resistir militarmente el avance de la monarquía del entonces rey Hasan II y, al mismo tiempo, organizar una resistencia que dura hasta la actualidad, tanto en el territorio liberado como bajo la ocupación y en los campamentos de refugiados.

Desde hace varias décadas, la lucha saharaui tiene un reconocimiento mundial que, pese a las trabas impuestas por Marruecos, sigue creciendo. La RASD participa en foros internacionales, tiene representaciones diplomáticas en decenas de países y el derecho internacional aboga, desde 1991, por la celebración de un referéndum de autodeterminación para que los y las saharauis elijan su destino. Aunque esta instancia de participación tiene el aval de la ONU y el organismo multilateral es el responsable por su organización, Marruecos interpuso su poder para que nunca se realice.

A principios de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2797, que generó el rechazo pleno del pueblo saharaui. En la resolución se “avala” la propuesta marroquí –impulsada desde hace algunos años– de legitimar una “autonomía” para el Sahara ocupado. Con las abstenciones de Rusia, China y Pakistán, la resolución fue presentada por Marruecos como una victoria, ya que coloca la propuesta de Rabat “como base” para avanzar hacia un final acorde a las intenciones de Rabat. Como apuntó el periodista Francisco Carrión en un , lo aprobado “esconde un equilibrio frágil: la resolución no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio, no elimina el derecho a la autodeterminación y refleja más un ejercicio de diplomacia de compromiso que un cambio sustantivo”.

Además, el Consejo de Seguridad extendió la misión de la ONU en el Sahara Occidental (MINURSO), que tiene el mandato de organizar el referéndum de autodeterminación, algo que echa por tierra los planes de Marruecos. Desde Rabat consideran que la resolución es un triunfo para la monarquía, ya que refuerza su alianza con Estados Unidos y las potencias europeas. Agobiado por las protestas internas, el régimen marroquí intenta desviar su atención presentando que la única solución para el Sahara Occidental es una “autonomía” que viola el derecho internacional.

El rechazo del Frente Polisario a la resolución del Consejo de Seguridad estuvo acompañado por movilizaciones masivas en los campamentos de refugiados en Tinduf, al sur de Argelia. Las protestas también se produjeron en El Aaiún, en los territorios ocupados, donde las fuerzas marroquíes estuvieron a la cabeza de la represión. En ciudades de Smara, Bojador y Dajla, la monarquía militarizó las calles y reforzó la persecución y control sobre los activistas saharauis.

Días antes de la votación en la ONU, el Frente Polisario –alertado sobre lo que iba a suceder– expresó su disposición “a entablar negociaciones directas y serias con el reino de Marruecos, de buena fe y sin condiciones previas, bajo los auspicios de las Naciones Unidas”, con el fin de “lograr una solución pacífica y duradera que prevea la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y restablezca la paz y la estabilidad regionales”. De esta forma, el Frente Polisario se ajusta al derecho internacional vigente –en especial el referido al Sahara Occidental– y deja en evidencia, otra vez, que Marruecos intenta “resolver un conflicto” a través de una ilegalidad que solo beneficia a la monarquía. El Polisario además dejó en claro que la resolución del Consejo de Seguridad –redactada por Estados Unidos– es “una desviación muy peligrosa y sin precedentes de los principios del derecho internacional” desde la perspectiva de la “descolonización”.

El pueblo saharaui tiene muy en claro que el principio de autodeterminación está consagrado en la Carta de la ONU y en resoluciones de la Asamblea General (1514, del año 1960, sobre descolonización), por la cual tienen el derecho legítimo a elegir su futuro, a sus autoridades y declarar su independencia.

En un artículo publicado en Nueva Revolución, Ernesto Vílchez hace apreciaciones importantes sobre este “movimiento” marroquí-estadounidense dentro de la ONU. “Esta resolución no surge en el vacío”, apunta. “Estados Unidos, bajo administraciones sucesivas, ha presionado por reconocer la soberanía marroquí a cambio de normalización con Israel (acuerdos de Abraham, 2020). Francia, ex potencia colonial y aliada de Rabat, bloquea cualquier mención a derechos humanos en las resoluciones”.

Vílchez remarca que la resolución aprobada “no resuelve el conflicto sino que lo congela, beneficiando al ocupante. Marruecos gana tiempo para consolidar su control, mientras el pueblo saharaui –refugiado en campos en Argelia desde hace 50 años– ve pisoteado su derecho a decidir”. “Esta votación de la vergüenza no es solo un error diplomático; es una traición al multilateralismo que la ONU pretende defender”, agrega Vílchez. “Legitimar la ocupación marroquí envía un mensaje a otros conflictos: la fuerza prevalece sobre el derecho”.

Ante este panorama, los hombres y las mujeres del Sahara Occidental no se sienten arrinconados ni derrotados. Las movilizaciones en los campamentos de refugiados en Tinduf mostraron nuevamente el músculo de un pueblo que sabe que su lucha es la única llave para recuperar su territorio y libertad.

Fuente: por Leando Albani para sangrre.com.ar